El problema de cobro: expresión del ataque a la Escuela Pública
Editorial Peluca de Sarmiento 16 de mayo 2015
La agresión a los salarios de lxs trabajadorxs se ha dado históricamente de maneras diversas. Desde los patacones en al marco de la crisis abierta en 2001 en nuestro país hasta la fragmentación y disección en múltiples complementos de nuestro básico para ajustar o extirpar derechos.
El arribo de la contadora Nora De lucía a la DGCyE comienza con la frustrada iniciativa del pago del aguinaldo en cuotas y continúa con la ofensiva de los salarios mal liquidados o no cobrados.
El ajuste en Educación no se muestra sino de manera encubierta. Aparece despersonalizando u ocultando los sujetos y las decisiones detrás de un problema técnico, administrativo o informático. Retraso en las altas, descuentos compulsivos con nuevos códigos que permiten extirpar el 100% de nuestro salario, y un largo etcétera es la innovación organizativa de la gestión De Lucía para encubrir sus manos ajustadoras.
Pero esta situación no se trata sólo de un problema particular, sino de un ataque a la Educación Pública. Se expresa en distintas formas que toma el ajuste y la precarización del trabajo docente, pero también en el pago en negro del “Plan de Mejora” y a los contratos a término de los planes FinEs.
El retraso en el pago, las malas liquidaciones y los descuentos compulsivos, conformando una conjunto de medidas que llevan a la pérdida del control sobre nuestro salario. Las dificultades para cobrar en el marco de una situación inflacionaria llevan a que en muchos casos las suplencias cortas no se cubran generando horas libres en la secundaria y “reparto” de chicos en primaria y jardines que, sumado a la falta de nombramiento de cargos, genera la recarga de tareas en el personal existente aumentando la carga laboral y empeorando las condiciones de trabajo.
El Nuevo Régimen Académico y el Plan de Continuidad Pedagógica, nos muestran que se tratan de una política articulada para intensificar el sobretrabajo y la precarización. Todo esto repercute en las aulas con consecuencias pedagógicas que se tratan de ocultar fraguando evaluaciones para producir estadísticas favorables.
Se trata de una política fragmentadora y privatista. Porque el discurso que legitima esta política es el de hacer responsable a la docencia de todos los problemas de la Escuela, mientras que, a las empresas privadas educativas (mal llamadas escuelas privadas), el Estado les sigue pagando el salario de sus docentes a través de subsidios que se llevan el 13% del Presupuesto Educativo Provincial. Presupuesto que luego nunca alcanza para infraestructura, para comedores y para salarios en las Escuelas Públicas.
La lucha por el cobro en tiempo y forma es también parte de una lucha integral por mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para el conjunto de los sectores populares y la clase trabajadora
El arribo de la contadora Nora De lucía a la DGCyE comienza con la frustrada iniciativa del pago del aguinaldo en cuotas y continúa con la ofensiva de los salarios mal liquidados o no cobrados.
El ajuste en Educación no se muestra sino de manera encubierta. Aparece despersonalizando u ocultando los sujetos y las decisiones detrás de un problema técnico, administrativo o informático. Retraso en las altas, descuentos compulsivos con nuevos códigos que permiten extirpar el 100% de nuestro salario, y un largo etcétera es la innovación organizativa de la gestión De Lucía para encubrir sus manos ajustadoras.
Pero esta situación no se trata sólo de un problema particular, sino de un ataque a la Educación Pública. Se expresa en distintas formas que toma el ajuste y la precarización del trabajo docente, pero también en el pago en negro del “Plan de Mejora” y a los contratos a término de los planes FinEs.
El retraso en el pago, las malas liquidaciones y los descuentos compulsivos, conformando una conjunto de medidas que llevan a la pérdida del control sobre nuestro salario. Las dificultades para cobrar en el marco de una situación inflacionaria llevan a que en muchos casos las suplencias cortas no se cubran generando horas libres en la secundaria y “reparto” de chicos en primaria y jardines que, sumado a la falta de nombramiento de cargos, genera la recarga de tareas en el personal existente aumentando la carga laboral y empeorando las condiciones de trabajo.
El Nuevo Régimen Académico y el Plan de Continuidad Pedagógica, nos muestran que se tratan de una política articulada para intensificar el sobretrabajo y la precarización. Todo esto repercute en las aulas con consecuencias pedagógicas que se tratan de ocultar fraguando evaluaciones para producir estadísticas favorables.
Se trata de una política fragmentadora y privatista. Porque el discurso que legitima esta política es el de hacer responsable a la docencia de todos los problemas de la Escuela, mientras que, a las empresas privadas educativas (mal llamadas escuelas privadas), el Estado les sigue pagando el salario de sus docentes a través de subsidios que se llevan el 13% del Presupuesto Educativo Provincial. Presupuesto que luego nunca alcanza para infraestructura, para comedores y para salarios en las Escuelas Públicas.
La lucha por el cobro en tiempo y forma es también parte de una lucha integral por mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para el conjunto de los sectores populares y la clase trabajadora
