A los Inspectores...
Desde nuestro lugar de trabajadores nos
dirigimos a ustedes procurando dar cuenta de algunas situaciones en las que nos
vemos involucrados y frente a las cuales solo advertimos respuestas
“automáticas”, “heterónomas”, “irreflexivas” y, por último, con un perfil
“autoritario” cuando se busca a partir de ellas negar concientemente derechos
estatuidos.
Encontramos un gran problema en el sistema educativo, del cual ustedes son
responsables en tanto funcionarios del Estado y en tanto eslabón de una cadena
“heterónoma” de mando. Observamos una actitud ambigua y contradictoria frente
al cumplimiento de la ley que aproxima la política educativa actual a la
vigente durante el menemismo, implicando no solo un actitud política de clara
orientación privatista que profundiza la desigualdad social sino también una
clara política de precarización de nuestra condiciones laborales que incide
tanto en nuestra salud como en nuestra práctica profesional.
Entendemos
que esta “actitud ambigua y contradictoria” en realidad responde a una clara
política de avanzar en el desprestigio de la educación pública con la finalidad
de que se consoliden las condiciones para el avance de la educación de “gestión
privada”. Se avanza en este sentido cuando precarizan de manera permanente las
condiciones pedagógicas dentro del ámbito educativo, cuando no dan cumplimiento
a los aspectos más progresivos de la Ley de Educación Provincial (y que más
inversión demandan), cuando omiten dar cuenta de la aplicación de las
resoluciones 3367/05 y 333/09, etc. En definitiva, cuando en su accionar omiten
dar resolución concreta a los problemas de infraestructura y falta de personal
en las escuelas.
El
conjunto de estos aspectos, al cual debemos adicionar la nefasta política salarial
sostenida en los últimos años (que obligan a trabajar más y disponer de menos
tiempos para capacitación), deja a los docentes en lugares de indefensión y
vulnerabilidad institucional, siendo los casos emblemáticos de estas
situaciones los preceptores a quienes se les impone una sobrecarga laboral
desmedida cuando se tienen que encargar de las bibliotecas de sus escuelas (por
falta de bibliotecarios), de la violencia expresada en la institución (por
falta de equipos de orientación escolar), de la atención a los padres y de
trabajo administrativo (por falta de directivo y secretarios), etc. A quienes,
además, arbitrariamente, y sin estar generadas las condiciones para ello (por
falta de inversión y por los estados de emergencia edilicia de las escuelas) se
les impone la responsabilidad de la absurda y mentirosa “continuidad
pedagógica” sin inversión. Esta situación estructural, de la cual ustedes son
responsables, no solo afecta a los preceptores sino al conjunto de los
trabajadores de la educación, siendo emblemático también lo sucedido con el
violento ataque que sufrieran en los últimos días los docentes, y la
institución (en términos generales el nivel inicial), del Jardín 914, por citar
solo un caso de resonancia pública.
Esta
situación general, y estructural, que cabe conceptualizar como de “EMERGENCIA”,
encuentra un punto de trinchera en los trabajadores que decimos “SI A LA
EDUCACIÓN PUBLICA” y, haciéndonos cargos de esta postura política-ideológica,
decidimos enfrentar con las herramientas que tenemos a disposición las
políticas oficiales neoliberales de privatización y precarización laboral. Una
de esas herramientas que disponemos para organizarnos y luchar es el sindicato,
otra es el Estatuto del Docente.
Por
ello nos preocupa de sobremanera cuando desde sus lugares cómodos de
funcionarios del Estado, utilizan sus espacios de poder NO para hacer cumplir
las leyes en los aspectos neurálgicos relacionados con los aspectos más
progresivos de las normas jurídicas vigentes (de hecho en contrario solo
justifican la no aplicación, como en el caso de las nombradas resoluciones 333
o 3367 de tratamiento de POF-POFA), TAMPOCO para defender a los docentes
cuestionados y violentados todo el tiempo y por todos lados (radio, televisión,
gobernantes, etc.), sino que utilizan su lugares privilegiados de poder para
realizarse como “PATRONES”, fieles servidores del Estado y artífices de los
ataques a los derechos instituidos.
Referimos
en concreto a las cientos de denuncias que nos han llegado a SUTEBA LP. Denuncias
de literales “aprietes” a docentes que deciden movilizarse con otros docentes
por la defensa de sus condiciones de trabajo, por la educación pública, por la
demostración de dignidad y orgullo por el trabajo elegido. Aprietes
relacionados a amenazas acerca de lo que pasaría si utilizan el “115.b.3”.
Dicen con tonos amenazantes “se les descontará el día”, “perderán el cargo”,
“te cubre solo un turno”, etc.
Señores
inspectores, somos concientes que no todos ustedes recurren a estos “aprietes”,
pero también somos concientes que es una práctica habitual hacerlo cuando se
sienten desbordados por los reclamos. En vez de preocuparse, actuar en conjunto
con sus compañeros inspectores, y buscar la resolución concreta de los
problemas suscitados, y ante tantos reclamos legítimos protagonizados por los
trabajadores, empiezan lentamente a imponer la lógica de la amenaza que en
ocasiones implica incluso el llamado por teléfono intimidatorio (a las casas o
celulares de los compañeros) como nos ha sido informado con cierta preocupación
y asombro por varios compañeros.
Repudiamos
esa práctica perversa que nos remite a otros tiempos de persecución
política-ideológica, y la repudiamos por arbitraria, autoritaria e ilegal. La
licencia gremial es un derecho estatuido, es un derecho logrado por los
trabajadores para la organización interna y para batallar en contra de las
arbitrariedades que día a día, hora a hora, nos pretende imponer el sistema. El
artículo 115.B.3 del Estatuto es un derecho logrado y que vamos a defender con
todas las herramientas que tengamos a disposición.
Señores
inspectores si no quieren que los trabajadores reclamemos abandonen, al menos
parcialmente, sus lugares de funcionarios funcionales y empiecen a dar
respuestas concretas a las demandas de los que sí estamos día a día en las
escuelas y que hacemos todo lo posible para garantizar que la “inclusión” no
sea amontonamiento, que la “continuidad pedagógica” no sea amenaza para la
salud de los trabajadores y de los alumnos, para que trabajar como docente no
sea una profesión de “autodestrucción”.
Señores
inspectores no aprieten a los trabajadores y garanticen el funcionamiento
efectivo del sistema educativo, garanticen una educación de calidad para los
alumnos, garanticen condiciones dignas de trabajo para los docentes, garanticen
escuelas “realmente” inclusivas.
Señores
inspectores, vamos a defender con uñas y dientes nuestros derechos
estatutarios, nuestras condiciones laborales, y las condiciones pedagógicas
dignas para nuestros alumnos.
Sin más.
Colectivo de Trabajadores de la
Educación
En la Conducción del SUTEBA La Plata
