La fe mueve montañas…de dinero. Educación privada, subsidios y escuelas religiosas.


1. Un gran negocio: Señor empresario…tenga su propia escuela…

Las discusiones y debates sobre la educación privada (1) son de larga data. Aquí lo que nos interesa destacar, vinculado a este tema, es la forma en que el estado financia a las escuelas privadas en general, y a las escuelas confesionales o religiosas en particular, a través de los famosos “subsidios”(2). Es decir, como el estado subsidia a la mayoría de las escuelas privadas, básicamente con el pago de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, que van de un 100% a un 40%.

La provincia de Buenos Aires invierte alrededor de tres mil millones de pesos en subsidiar a las escuelas privadas. El incremento de los recursos públicos destinados a pagar todo o gran parte del salario de los docentes de los establecimientos particulares es un reclamo reiterado de la Iglesia y de los empresarios del sector. La Provincia invierte cerca del 15% de su presupuesto educativo (unos $ 3.000 millones anuales), para subsidiar el 70 % de los 7.400 servicios educativos privados. Esta cantidad es superior al número de colegios porque consideran servicios educativos a las secciones de grado de cada nivel: inicial, primario, secundario. Esos servicios atienden a 876.000 alumnos, un tercio de la matrícula total.

¿Qué quiere decir todo esto? Si usted es un empresario y quiere invertir en la rama de la educación privada, el estado le garantiza que un gran porcentaje de los salarios de los trabajadores contratados serán retribuidos…por el mismo estado…Usted solo preocúpese por las ganancias, porque el estado se encargará de los salarios de sus trabajadores.

Toda esta enorme inversión que realiza el estado en la educación privada ocurre en un contexto donde la educación pública sufre innumerables golpes que repercuten en las escuelas donde trabajamos cotidianamente, con recortes de la inversión destinada a infraestruc­tura y equipamiento de escuelas públicas, edifi­cios inseguros (por ejemplo en Capital Federal el 79% de los esta­blecimientos educativos supera los 60 años y carecen del mantenimiento adecuado), alimentos para los comedores de menor valor nu­tricional, cooperadoras escolares y cajas chicas que no dan abasto, falta de nombramientos de cargos docentes, salarios docentes y de auxiliares por debajo de la canasta de necesidades básicas, un sistema de becas estudiantiles insuficiente, etc. Éstas son solo algunos de los reclamos de los padres, docentes, auxiliares y de toda la comunidad educativa.

Es decir, por un lado el estado vacía la escuela publica, y por otro financia la escuela privada…por eso nos preguntamos ¿Qué quiere decir el gobierno cuando se rompe el pecho declarando la defensa de la educación pública? ¿Defender la educación pública es dejar a la deriva a las escuelas estatales mientras se invierten millones de pesos en subsidiar a las privadas? La política de “vaciar” la escuela publica-estatal y financiar de manera creciente los establecimientos educativos privados es una política tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional, en este punto el pro y el kirchnerismo son grandes aliados…

2. Financiamiento de la iglesia católica y subsidios a las escuelas religiosas.

“El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Articulo Nº2 de la Constitución Nacional.

Un gran porcentaje de esos subsidios se destinan a escuelas religiosas o confesionales. De acuerdo al relevamiento oficial de 2008, en todo el país existen 9.114 establecimientos escolares privados de los niveles inicial, primario y secundario. De ese total, 3.638 son confesionales, 3.220 no lo son y queda un número de 2.256 establecimientos “sin información”. En la Provincia de Buenos Aires existen poco más de 5.000 escuelas privadas, de las que 1.452 son confesionales y, de nuevo, 1.954 aparecen como “sin información”. Por lo menos hacia el 2008, más de 2.600 escuelas recibían el 100 por ciento del subsidio para pagar salarios docentes, 1.315 recibían el 80, y otras 868 entre el 20 y el 80 por ciento. Estos últimos datos son de una investigación de la periodista Nora Veiras, especializada en el tema educativo. En la gran mayoría de los casos se trataba de escuelas confesionales.

Según una encuesta realiza por investigadores del Conicet en 2008 en la Argentina cerca del 75% de la población se define como católica. Pero dos tercios de ese 75% se relacionan con Dios por su cuenta y no a través de la institución clerical, ni de ninguna iglesia. Mientras que el 9% se declaran evangélicos y más del 11% se define como ateo o agnóstico. De esta investigación también se desprende que el 73% de los encuestados no acuerda con que el estado debe sostener financieramente a la iglesia.

Pero ¿por qué el estado sostiene económicamente a la iglesia católica? Los defensores del sostenimiento del culto católico con recursos estatales suelen retroceder casi 200 años de historia argentina planteando la confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia y a las órdenes religiosas durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, hacia 1822. Sin embargo, el valor de esas expropiaciones fueron superadas varias cientos de veces en relación a los aportes estatales a la iglesia católica. También se debe tener en cuenta que otros países latinoamericanos no sostienen financieramente a ningún culto: Brasil, Uruguay y Chile. Como tampoco lo hace España ni Alemania.

En el año 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la iglesia fue de 35.868.353 de pesos (3). Ese dinero se destina a 122 arzobispos y obispos, 1600 seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo es de 8.200 pesos, que además no pagan impuestos, no tienen ninguna carga social, no aportan a ganancias ni a jubilación. El dinero del estado también se destina a sostener 4500 casas y obras apostólicas existentes en el país, conferencias, viajes y jubilaciones graciables para sacerdotes.

Lo abrumadoramente sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no pasa por los casi 36 millones derivados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ya que esta cifra es ínfima si se toma en cuenta el dinero estatal que van a las escuelas confesionales o religiosas, hasta redondear un monto estimable en más de 2.500 millones de pesos anuales. Si se aplicara una proyección prudente acerca de cuánto de ese 11 por ciento de los 53 mil millones transferidos a la educación privada va a las confesionales, la cifra superaría largamente los 2.000 millones de pesos anuales destinados a colegios religiosos, fundamentalmente para pagar salarios. A ese número hay que añadir un 15 por ciento de lo que el Estado destina a través del Fondo de Incentivo Docente y Compensación salarial –cuyo total es de 3.000 millones de pesos–, que implican 450 millones más.

Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas. Hace un par de años Horacio Verbitsky publicó una investigación en la que decía que “la aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5 por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006 ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos”.

Los subsidios estatales son coordinados por la CEC (Consejo de Educación Católica), organismo que nuclea las instituciones de enseñanza católica, cuya principal función es “es colaborar con los arzobispos y obispos diocesanos para el desarrollo y la plena vigencia de la educación católica en todo el territorio de la provincia”. Este organismo participa desde 1990 en el Consejo Consultivo de la DIEGEP (actual DIPREGEP) en los términos del artículo de la Ley 11.612 y de acuerdo a la Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación. El presidente de este organismo es Monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús y cercano al kirchnerismo (4).

La Iglesia hizo una apuesta de máxima en 2006, cuando se debatió la Ley Nacional de Educación, para que “el Estado financie equitativamente a la educación de gestión pública como de gestión privada, de manera que los colegios religiosos puedan ser gratuitos”. No lograron el objetivo…por ahora.

Notas:

(1) No es el objetivo de estas líneas discutir la existencia de la educación privada. Aunque creemos que la educación, al igual que la salud, debe estar en manos del estado y no funcionar como una mercancía. Esto ocurre en la mayoría de los países donde existen sistemas socioeconómicos capitalistas, donde la educación y la salud se compran y venden como cualquier otro producto, y de acuerdo al sector o clase social al que pertenezca cada individuo dependerá su acceso a estas “mercancías”.

(2) La instauración del régimen de subsidios a la escuela privada tiene su origen en el primer mandato de Juan Domingo Perón. Durante los sucesivos gobiernos, en su mayoría militares, que signaron el siglo XX, el sector privado siguió ampliando sus beneficios sobre todo en la ciudad de Buenos Aires –donde la matrícula privada es casi la mitad del sistema educativo–, y también en el territorio bonaerense.

(3) Según declaraciones de Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos- al periódico Miradas del Sur.

(4) Este obispo representaría a sectores de la iglesia cercanos al kirchnerismo. “El obispo Carlos Humberto Malfa, cruzó la divisoria entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional al saludar con especial énfasis a la señora presidenta, tras los cruces públicos que desatara el matrimonio homosexual (Mar del Plata Hoy jueves 22 de julio)”.